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En un hecho sin precedentes, la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado negó la existencia de un documento al que la Secretaría de Finanzas hizo referencia pública por medio de un desplegado de prensa. Se trata del contrato de prestación de servicios (CPS) para la construcción del Reclusorio de Ciudad Valles.
Dicho contrato por un monto de 486 millones de pesos, formó parte de un reporte de la situación de la deuda pública que recibió la actual administración de Fernando Toranzo. Para dar claridad y justificar el monto de la deuda heredada por Marcelo de los Santos, la Secretaría de Finanzas dio a conocer un documento detallado de cada uno de los pasivos, incluido el del Reclusorio. Sin embargo, la Oficialía Mayor dice que tal contrato no existe, lo que siembra la duda de si entonces el reporte de deuda que se dio a conocer en su momento, carece de datos reales. La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública dio entrada a un recurso de queja en contra de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, por el hecho antes citado. A esta petición de información presentada por Eduardo Martínez Benavente, la dependencia contestó el pasado 3 de diciembre de 2009, que “el gobierno del estado no ha efectuado contrato alguno para la construcción del reclusorio de Ciudad Valles, por lo que no se puede hacer entrega de contrato ni de pagos o contraprestaciones a empresa alguna”. El usuario de información, recibió esa notificación de José Martínez Miranda, en un archivo Word y sin el membrete oficial del Gobierno del Estado. Aunque se sabe que se trata de un funcionarios de la Oficialía Mayor, mueve a sospecha que se den respuestas a nombre de una institución sin hacerlo con documentos membretados. Martínez Benavente sustenta además su recurso de queja 004/2010, en que la respuesta de la Oficialía Mayor resulta inverosímil, pues la existencia del contrato de prestación de servicios, cuya copia ha sido solicitada, se encuentra mencionado en el desplegado que publicó el secretario de Finanzas, Jesús Conde Mejía, el pasado 21 de octubre de 2009. En el punto 4 inciso c de ese documento, que se publicó en los medios impresos de comunicación, se dice: “Reclusorio de Ciudad Valles: 486 millones de pesos”. Agrega que “esta obra fue contratada con el mismo esquema de CPS, que deja igualmente comprometidos ingresos futuros de ésta y las próximas administraciones. Por ello, se solicita a la CEGAIP que ordene a la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado la entrega completa de la información, así como revisar y analizar si las conductas de los funcionarios del Instituto de la Vivienda del Estado, encuadran en lo previsto por el artículo 109 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y aplique, las sanciones que aquí se prevén. |
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