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Información pública podría convertirse en información indebida
Por JUAN ANTONIO GONZÁLEZ Marzo 9, 2010 En lo que pareciera ser un reconocimiento tácito de que las instituciones de seguridad están infiltradas por intereses de la delincuencia, el gobernador Fernando Toranzo Fernández, ha propuesto al Legislativo una iniciativa de Decreto que crea el delito de “información indebida”, mismo que se clasifica como “delito grave” y cuyas sanciones pecuniarias y de privación de la libertad, son más drásticas si la “información indebida” la proporciona un servidor público o elemento de cualquier corporación de seguridad pública.
La especie en cuestión, representa además un embate desde el poder público estatal en contra de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues vale la pena recordar que esa ley impone a los entes obligados, la obligación de publicar la agenda de actividades de sus servidores públicos. El proyecto de decreto fue turnado al Congreso del Estado que lo recibió el pasado cuatro de marzo y de inmediato fue integrado en la agenda legislativa para darle entrada en la sesión de pleno del jueves. Se trata del proyecto de decreto mediante el cual se adicionan al Capítulo IV y el Artículo 270 Bis, al Título Décimo Cuarto “Delitos Contra la Seguridad Pública”, del Código Penal para el Estado de San Luis Potosí. El artículo en mención dice que comete el delito de Información Indebida “la persona que sin estar autorizada proporcione a cualquier tercero, por el medio que sea, datos relacionados al movimiento, actividad o ubicación de cualquier funcionario público o particular, y con ello se afecte su vida, familia, patrimonio o actividad”. Precisa además que “éste delito será considerado como grave y se sancionará con una pena de tres a nueve años de prisión y sanción económica de sesenta a ciento ochenta días de salario mínimo vigente en el estado”. Agrega que “cuando el informante sea un servidor público o elemento de cualquier corporación policíaca la pena se aumentará en una mitad y, además, será destituido del cargo o empleo, e inhabilitación por el doble de la pena de prisión impuesta”. En los considerandos del proyecto que será revisado por los diputados de la LIX Legislatura, el ejecutivo expone que el problema de la impunidad es grave. “La impunidad en varias ocasiones acontece en razón de que los sujetos activos aprovechan los datos e informes con que cuentan, proporcionándolos a terceras personas que tienen interés en afectar la vida, patrimonio o actividad de quienes se desempeñan en dependencias y entidades de la administración pública de los tres niveles de Gobierno, en empresas del sector privado o instituciones de cualquier índole”, expone. Lamenta, además, que “existan servidores públicos carentes de la ética que debe de prevalecer, así como personas que en razón de su actividad, cercanía, amistad o parentesco, tienen a su alcance datos o informes que en ocasiones son confidenciales y que no deben darse a conocer, porque está de por medio la vida y seguridad de las personas, siendo ellos los que se encargan de proporcionarlos”. El proyecto de decreto, está firmado por el gobernador Fernando Toranzo Fernández, el Secretario General de Gobierno, José Guadalupe Durón Santillán y por el Procurador de Justicia, Cándido Ochoa Rojas. |