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Potosinos se auto imponen alzas inmoderadas a impuestos y derechos: Congreso
Por JUAN ANTONIO GONZÁLEZ Abril 16, 2010 La demanda de amparo promovida por Acción Ciudadana en contra de la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, en su ejercicio fiscal 2010, sigue su curso en el Juzgado Tercero de Distrito.
A la espera de que se agenden las audiencias constitucionales entre la parte demandante y los representantes legales de las instituciones impugnadas, en este caso el ayuntamiento de San Luis Potosí, Congreso del Estado y el ejecutivo estatal, se revisa por parte del juez de la causa, los informes justificados enviados por esos órganos de gobierno. En febrero pasado, Acción Ciudadana instaló en la plaza de armas, frente a palacio municipal, un módulo para recibir firmas de respaldo de ciudadanos agraviados por los incrementos a distintos gravámenes en la Ley de Ingresos Municipal. Se reunieron mil 200 firmas y con ello, se procedió a buscar la protección de la justicia federal al considerar, de manera esencial, que se trataba de cargas tributarias excesivas. Los ciudadanos y miembros del navismo organizados en ese grupo, integraron una demanda que alcanzó ya niveles de preocupación, sobre todo, entre los diputados y la alcaldesa capitalina, Victoria Labastida Aguirre. Los informes justificados enviados al juez por parte del gobierno estatal, legisladores y alcaldesa a través de sus respectivas áreas jurídicas, se los presentamos para su consulta. Seguramente habrán de encontrar datos muy reveladores de la soberbia con que han respondido las autoridades a esa iniciativa ciudadana. El Congreso del Estado, por ejemplo, argumenta que los aumentos desproporcionados fueron auto impuestos por la ciudadanía, en los siguientes términos: “Los derechos son imposiciones cuyo origen es la soberanía, en virtud de las cuales, el Estado recauda los ingresos que para cubrir el gasto público se impuso el propio gobernado, a través de sus representantes. No se trata de que el Estado y el particular se pongan de acuerdo respecto del precio. Aquí no hay precio. El Estado establece y recauda contribuciones; el pueblo, en quien radica la soberanía, impone a sí mismo las cargas que habrá de soportar.”. Para el tesorero del Ayuntamiento, las firmas de los ciudadanos que apoyaron el amparo debieron ser puestas en duda por el juez: “…debió solicitarse su ratificación ante la presencia de este Juzgado de Distrito y confirmar si efectivamente la intención de los firmantes fue la de hacer suyos los conceptos de violación que se hacen valer para obtener la protección de la Justicia Federal, o si se trató simplemente de una inconformidad ciudadana”. Se podrá encontrar el lector con el respaldo jurídico legal que exponen las autoridades y en algunos casos se podrá alcanzar la sorpresa por lo peregrino de algunos conceptos que se utilizan para justificar los aumentos de hasta 185 por ciento. Lea usted los informes justificados y fórmese su propia opinión. El juez en su momento resolverá. |