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Reserva ASE informes sobre el crédito de los 1,500 mdpPor JUAN ANTONIO GONZÁLEZ
Marzo 29, 2011 El sábado 26 de marzo se cumplió un año desde que la Auditoría Superior del Estado emitió acuerdo de reserva sobre el contenido del Informe de Auditoría a las Cuenta Pública 2009 de Gobierno del Estado. Desde entonces, se mantiene encriptada una información de interés general, de manera especial, por lo que se refiere al destino que se dio al crédito de mil 500 millones de pesos que contrajo el entonces gobernador en la parte final de su sexenio. Esa información ha sido solicitada de manera insistente por el Notario Público, Eduardo Martínez Benavente, ya sea ante la propia Auditoría como en la Secretaría de Finanzas, sin que hasta el momento se tengan éxito. El 26 de marzo de 2010, la Auditoría Superior del Estado emitió el Acuerdo de Reserva ASE-AEFG-PE/09, mediante el cual se protege el Expediente de Auditoría de la Cuenta Pública 2009 de Gobierno del Estado. La reserva tiene un plazo de cuatro años. Aquí, lo más relevante de la fundamentación de dicho acuerdo. De conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Comité de Información Pública de la ASE acreditó la prueba de daño para justificar la reserva de la información. En el apartado número uno de ese acuerdo, precia la reserva de la “totalidad del Expediente de Auditoría de la Cuenta Pública 2009 del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí, iniciado por la Auditoría Especial de Fiscalización Gubernamental, de Organismos Autónomos y Organismos Descentralizados, así como la documentación inherente al mismo. Se considera que la publicidad de la información señalada puede causar perjuicio al interés público protegido por ley en razón de las consideraciones siguientes”. En ese sentido, la primera consideración es de “aspecto financiero”, en cuyo caso, expone que “se encuentra vigente en los pliegos de recomendaciones, observaciones derivados de la revisión financiera y contenidos dentro del expediente que se encuentra reservado y donde se encuentra inserto el informe final de Auditoría, mismas que por su naturaleza reflejan detrimento a la hacienda pública”. Agrega que además “dan origen al Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidades e Imposición de Sanciones, establecido en el título Sexto de la Ley de Auditoría Superior del Estado y que se encuentra en estado de sustanciación y al no haber causado estado, su contenido no es definitivo, por lo que darlo a conocer pondría en riesgo el Procedimiento, trayendo como resultado la sustracción de la responsabilidad por parte del o los servidores públicos causando un menoscabo a la hacienda pública”. Refiere luego el “aspecto patrimonial”, en el que señala que “el procedimiento determinará en su caso la responsabilidad a los funcionarios, la aplicación y recuperación del daño patrimonial a través del resarcimiento y/o las multas impuestas”. En cuanto e la consideración de “procuración e impartición de justicia”, la ASE señala que “actualmente existe en trámite el Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidades e Imposición de Sanciones y el publicarlo pondría en riesgo las actuaciones procesales de la autoridad asimismo traería la posibilidad de la sustracción de la responsabilidad del o los servidores públicos”. La ASE justifica la reserva de la información en la presunción de que el daño es “probable”, “es presente” y “es específico”: “la difusión del documento que se reserva ocasionaría afectación directa al procedimiento”, concluye. Mientras que nadie parece interesarse por el destino de ese crédito y las responsabilidades que tendrían los gobiernos de Marcelo de los Santos y Fernando Toranzo Fernández, el sábado en la sede estatal del PAN, el ex candidato a la gubernatura, Alejandro Zapata Perogordo acusó de manera directa al doctor Toranzo de haber destinado a gasto corriente los 562 millones de pesos cuyo destino no justificó la actual administración. Para el senador, el asunto es muy claro, pues al gobernador Toranzo le dejaron 562 millones de pesos en caja. ¿Si no los utilizó, debió reintegrarlos en vez de reestructurar la deuda y pedir más prestad?, interrogó. A decir del senador, tanto Marcelo de los Santos como Fernando Toranzo actuaron “a la ligera” y por tanto, consideró que debe investigarse a fondo a los dos. |