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Desaparecen deuda de Grupo SantosPor PROYECTO TÁBANO
Marzo 10, 2011 Así como apareció, el adeudo del Grupo Santos con el Gobierno del Estado, por 70 millones de pesos, se encuentra en vías de desaparecer por obra y gracia del desorden en los archivos de la Secretaría de Finanzas. El pasado 20 de enero, el Comité de Información de la Secretaría de Finanzas se reunió en sesión extraordinaria con una sola finalidad: Atender la resolución que la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) emitió el 5 de octubre de 2010, mediante la que ordenó la entrega datos sobre “el adeudo que el ‘Grupo Santos’ tiene con el Gobierno del Estado y copia simple de los documentos en donde consten el saldo y el compromiso de pagos correspondiente”. La fecha para atender la resolución venció el 27 de octubre de 2010, y aquella reunión del 20 de enero, casi tres meses después, estaba muy lejos de atender la orden de la CEGAIP, pues el acuerdo fue: “ÚNICO. Relacionado con los datos ordenados en la resolución de fecha 05 de octubre de 2010, dictado dentro de los autos del expediente de queja número 2576/2010-2, toda vez que según las búsquedas practicadas en los archivos de este ente obligado, no consta documento alguno que haga referencia a lo peticionado por el C. Eduardo Martínez Benavente mediante solicitud de información de fecha 14 de junio de 2010, se procede a dejar constancia de parte de la Secretaría de Finanzas del Estado de San Luis Potosí sobre este hecho”. “No consta documento alguno”, afirma la Secretaría de Finanzas como si el crédito no hubiese existido, pues si Grupo Santos lo hubiese pagado existiría un documento que haría constar el saldo en ceros. El hecho es que el préstamo existió y la primera noticia del mismo la dio el ex gobernador Marcelo de los Santos el 8 de febrero de 2009, cuando declaró en torno al conflicto del Grupo Santos con los cañeros que abastecen el ingenio por un adeudo de 58 millones de pesos: “Ya les presté 70 millones de pesos y espero que la próxima semana el Grupo Santos pague lo que corresponde porque no es posible que el Gobierno esté haciendo préstamos cuando es algo que no le corresponde”, declaró a Pulso el ex gobernador. La existencia del préstamo también fue confirmada en el apartado correspondiente a la Secretaría de Finanzas del Informe Final de Auditoría a la Cuenta Pública 2009 del Poder Ejecutivo del Estado, identificado con el punto 6.3 aparece el rubro “Cuentas por Cobrar” (página 239), en el que se incluye una relación de deudores diverso al 31 de diciembre de 2009, y aparece el concepto “Saldo de recursos asignados a cañeros”, por la cantidad de 70 millones de pesos. Peor aún: que el adeudo no ha sido pagado por el Grupo Santos está confirmado nuevamente por declaraciones a la prensa, esta vez hechas por el actual gobernador Fernando Toranzo, el pasado 8 de marzo. “(Toranzo Fernández) aseguró que en la atención a la crítica situación por la que atraviesa el sector cañero se hizo este préstamo, pero aclaró ‘al gobierno le asiste el derecho y que la autoridad competente aportará los elementos que sean necesarios para recuperar dichos recursos’”, señala la nota periodística en Pulso. Si el ex gobernador informó públicamente sobre el préstamo y la Auditoría Superior del Estado lo reportó en sus observaciones de la Cuenta Pública 2009, el que no conste documento alguno sobre el adeudo del Grupo Santos en la Secretaría de Finanzas no puede ser porque no hayan existido, sino porque fueron desaparecidos. Martínez Benavente, quien solicitó la información desde hace nueve meses, solicitó a la CEGAIP tomar medidas sobre el caso porque “tan grave resulta el hecho, que podría tratarse del caso de la desaparición de instrumentos que permitirían al Gobierno del Estado mediante una acción mercantil o penal para la recuperación de los recursos que el ex gobernador Marcelo de los Santos informó públicamente que se prestaron al Grupo Santos”. Expresamente pidió a la CEGAIP “ordenar la búsqueda exhaustiva de la información por mi solicitada, confirmar de manera fehaciente la pérdida o inexistencia de los documentos que la contienen y considerar la opción de hacer la denuncia correspondiente para determinar si se cometió un delito, tal como lo prevé el artículo 77 de la Ley de Transparencia, toda vez que los indicios muestran que podría tratarse de un caso en el que desaparecen documentos que acreditan la deuda de un particular para con las finanzas del Estado que podría representar un daño patrimonial para el erario público”. Al gobernador Fernando Toranzo Fernández, conforme a sus declaraciones del pasado 8 de marzo, seguramente le resultarán útiles las diligencias que pueda emprender la CEGAIP. |